LOS FONDOS BUITRE SOBREVUELAN ESPAÑA 2023

El Tribunal de Cuentas español condenó ya hace unos años, como pasa el tiempo...😲 a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar y a otros seis políticos del Partido Popular a abonar 22,7 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de la capital por haber decidido, mientras formaban parte del órgano de gobierno de la corporación local, vender 18 promociones inmobiliarias (unas 1.860 viviendas) de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo a una filial del fondo buitre Blackstone.

La venta se produjo en julio de 2013, causando un menoscabo a las arcas públicas de 25,7 millones. El procedimiento, según el Tribunal de Cuentas, fue ilegal al no garantizarse concurrencia alguna. La operación se cerró por debajo del precio de mercado de los inmuebles e, incluso, por debajo de su precio contable. La enajenación se realizó “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar”.

No ha sido esta, por otra parte, la única noticia reciente en la que los llamados fondos buitre se han visto citados en la actualidad económica española. El viernes 14 de diciembre se hizo público que el fondo activista Elliot Management quiere comprar una participación importante en una de las principales empresas del país: la empresa de telecomunicaciones  Telefónica.

Elliot Management, el fondo de inversión dirigido desde Nueva York por el multimillonario y habitual donante de las campañas presidenciales republicanas norteamericanas, Paul Singer, saltó a la fama global en octubre de 2012, al conseguir el embargo de una fragata de la Armada argentina como medida de presión para que Buenos Aires pagara a los fondos buitre poseedores de bonos que no habían entrado en el canje puesto en marcha por el país latinoamericano tras el impago de su deuda pública en 2001. Su estrategia fundamental, puesta en valor en varios escenarios del Sur global, consiste en comprar deuda en reestructuración o con alto riesgo de impago con la finalidad de obtener la mayor cantidad de dinero posible mediante demandas legales. Así, Elliot Management ha tomado el control del club de fútbol italiano Milan, o de Game Digital, una cadena de tiendas de videojuegos con presencia en España, de la que salió en abril pasado.

Otra de sus actividades principales consiste en entrar en grandes empresas cotizadas y forzar la escisión de las mismas o la venta de activos no estratégicos o divisiones no esenciales, con los consiguientes despidos. Así, este año ha forzado la segregación de dos grandes grupos europeos, la compañía británica Whitbread y el gigante industrial alemán Thyssenkrupp.

Estas dos noticias dan fe de la creciente penetración de este tipo de vehículos de inversión oportunistas en la economía española. Una penetración facilitada por la confluencia entre los intereses de las ubicuas redes de corrupción desarrolladas durante los gobiernos del Partido Popular, las políticas de austeridad impulsadas desde las instituciones de la Unión Europea, y la crisis global del año 2007.

El mercado español de la vivienda, por ejemplo, es un paradigmático ejemplo de este complejo proceso. La gestión desastrosa y corrupta de las Cajas de Ahorro llevó a la nacionalización de algunas de estas entidades financieras y a la constitución (mediante un rescate europeo) de un “banco malo” en el que se concentraron todos los activos tóxicos (viviendas, locales, etc) resultado de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de Europa Occidental. Con dichos activos se podría haber constituido un parque público de vivienda en alquiler social para solucionar las enormes carencias habitacionales de las clases populares españolas. En lugar de ello, se ha procedido a la venta por lotes, a precios de ganga, de la mayoría de los activos. Los compradores han sido, en gran medida, los grandes fondos internacionales, como Cerberus, LoneStar o Blackstone. Blackstone, de hecho, ha pasado a convertirse en el mayor propietario de viviendas del país, con cerca de 22.000 inmuebles.

Paralelamente, la corrupta gestión del erario público por parte de los políticos locales y autonómicos garantizaba un polémico proceso de venta de la vivienda protegida construida por entidades públicas y destinada al alquiler (la mayor parte de las veces, con opción de compra posterior). El caso por el que ha sido condenada Ana Botella es suficientemente paradigmático, pero no es, ni mucho menos, el único. En la misma ciudad de Madrid y sus alrededores, y en fechas parecidas, otros cerca de 3.000 pisos en alquiler del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), entidad constituida por la Comunidad Autónoma madrileña para gestionar la política pública de vivienda regional, fueron vendidos a EnCasaCibeles, empresa controlada por Goldman Sachs, el principal banco de inversión del mundo, que a su vez conseguía cerca de 300 viviendas más en Barcelona,

Por supuesto, todas estas operaciones tienen un costo para la población afectada. No sólo en los términos puestos de manifiesto por el Tribunal de Cuentas (el dinero público perdido en operaciones que se han realizado la mayor parte de las veces por debajo de los precios de mercado), sino también un coste humano directo. Así, los fondos, al tomar la posición de nuevos caseros en las promociones que compraban, han subido las rentas a pagar por los inquilinos, han desahuciado a muchas familias, han descuidado los servicios comunes de las comunidades e, incluso, en ocasiones han presionado a los vecinos para que abandonasen las movilizaciones y acciones judiciales que habían iniciado en defensa de sus derechos.

Sin embargo, la penetración de los fondos globales en la economía española no se limita al sector inmobiliario. Hace exactamente un año el periódico El País ya avisaba de que los inversores foráneos tenían la propiedad del 42,2% del mercado de acciones del principal índice de la Bolsa española (el Ibex 35). Todo un récord histórico. Destaca la presencia de entidades como Norges Bank, Vanguard y, muy señaladamente, el fondo Blackrock, la mayor gestora del mundo, que maneja activos por valor de más de cinco billones de dólares y que tiene una importante presencia en el accionariado de las mayores entidades financieras de España (los bancos sistémicos, “demasiado grandes para caer”) como el Banco de Santander y el BBVA.

La España en crisis desde el ya lejano 2010, manda huevos como diría aquel¡😲😲 dio lugar a la España en subasta de los años posteriores. Los inversores internacionales tomaron posiciones en un mercado devaluado por la explosión de la burbuja inmobiliaria, con la imprescindible ayuda de las redes de corrupción política y empresarial más ubicuas de las últimas décadas. Las presiones de la Unión Europea para la apertura de los mercados frente a las redes financieras globales y para el desarrollo de políticas de austeridad del sector público, hicieron el resto.

Lo que no esperaban, sin embargo, inversores buitres y políticos corruptos, era la continuidad y extensión de los procesos de resistencia puestos en marcha por las poblaciones afectadas. Sin la lucha de gentes como Arancha Mejías, Sonia Martínez, Josete de Roa y el resto de vecinos  y vecinas de los pisos vendidos en Madrid a los fondos internacionales, el Tribunal de Cuentas no se hubiera llegado a pronunciar y esta historia hubiese sido sepultada tras un manto de olvido. A ellos y ellas les debemos el mínimo rastro de dignidad democrática que aún nos queda. No lo olvidemos.

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