Muy
poco a poco, con un constante goteo a lo largo de sus primeros siete meses de
aplicación, el parque de viviendas, locales y edificios públicos de la
provincia de Burgos va engrosando el Registro de Certificados de Eficiencia
Energética de Edificios. Su obligatoriedad entró en vigor el 1 de junio, y
hasta el 31 de diciembre se habían contabilizado un total de 2.310 expedientes
tramitados en Burgos, de un total que roza los 19.000 en el conjunto de la
región.
Los
datos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León revelan que
una media de 90 edificios o partes de edificios han pasado por este registro
cada semana. Una pequeña parte correspondiente a viviendas de nueva
construcción (34), mientras que la inmensa mayoría son inmuebles ya existentes,
construidos antes de 2007, a quienes afectan de lleno las novedades de la
puesta en marcha de esta regulación, pues los anteriores a esa fecha ya estaban
englobados por el Código Técnico de la Edificación que entraba en materia
energética.
Al
igual que ocurre con los electrodomésticos de nueva adquisición, que incorporan
una etiqueta con su calificación dependiendo de su eficiencia, se trata de que
los propietarios o inquilinos de viviendas, e incluso los usuarios de edificios
públicos, sepan de una manera sencilla, casi intuitiva, cuánta energía consume
ese inmueble y cuánto CO2 emite a la atmósfera.
Además
de los inmuebles de nueva construcción, la obligación de contar con un
certificado afecta a los edificios que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario,
así como aquellos en los que la administración ocupe más de 250 metros
cuadrados «y sean frecuentados por el público», dice la norma.
Para
todos ellos se establece una escala entre las letras A (más eficiente) y G
(menos eficiente) a la que se llegará tras la correspondiente inspección y
emisión de un certificado por parte de los profesionales autorizados. Y ahí la
mayor parte del parque inmobiliario burgalés no aprueba.
La base
de datos facilitada por la Junta no discrimina cuántos de estos edificios
cuentan con cada una de las calificaciones pero Nuria Jorge, vocal del Colegio
de Arquitectos de Burgos especialista en eficiencia energética, apunta a que la
mayoría se sitúan en la letra E, lo que equivaldría a un suspenso en consumo y
emisiones.
Los resultados
de Burgos no son muy distintos a los observados en el resto de España, donde
distintas estimaciones hablan de un 80% de casos con baja calificación de
eficiencia energética. Y cuanto más antiguo es el edificio, peores notas suele
sacar. «No es que la construcción de antes fuera mala. Lo que falla en realidad
es el aislamiento», explica Nuria Jorge. Tras el cambio de normativa en 1979
los edificios empezaron a incorporar aislantes y con el paso de los años los
materiales mejoraron, como también lo hicieron las calderas o las conducciones
para calefacción y agua caliente, pero en realidad hasta la llegada del Código
de 2007 la eficiencia energética no parecía importar demasiado a la hora de
edificar.
Ahora, sin embargo, será una etiqueta que todo potencial comprador e inquilino pueda consultar a la hora de elegir su piso o unifamiliar. A la decoración de la vivienda, su superficie o su situación se sumará como factor de elección una etiqueta y un color (la A es verde y la G es marrón, con sus tonos intermedios) que permitirá vislumbrar con antelación si las facturas de ese hogar u oficina se dispararán o serán moderadas.
Ahora, sin embargo, será una etiqueta que todo potencial comprador e inquilino pueda consultar a la hora de elegir su piso o unifamiliar. A la decoración de la vivienda, su superficie o su situación se sumará como factor de elección una etiqueta y un color (la A es verde y la G es marrón, con sus tonos intermedios) que permitirá vislumbrar con antelación si las facturas de ese hogar u oficina se dispararán o serán moderadas.
Recibido con reticencias
La obligatoriedad del certificado energético para viviendas que
se venden o se alquilan llega en un momento delicado para casi cualquier
economía familiar y por ello está recibiendo críticas por parte de quienes
consideran que es una especie de impuesto añadido, pero tiene un fundamento
normativo que se remonta varios años atrás.
La
vocal del Colegio de Arquitectos explica que en realidad «proviene de
directivas europeas del año 2002», en las que se basó luego el Código Técnico,
y que contienen «una visión global sobre el cambio climático y la
sostenibilidad, buscando que la población se conciencie de que cada consumo
individual suma y que en una economía de escala los pequeños ahorros son
importantes». Se estima, de hecho, que el 40 por ciento del total de la energía
que consume nuestra sociedad se emplea en los edificios. Falta que nuestra
conciencia como consumidores sea tan exigente a la hora de reclamar una
eficiencia energética como a la de fijarse en el parqué o en los muebles de la
cocina.
Los
miles de certificados energéticos que cada año pasarán a la base de datos de la
administración servirían, además, para que los gobiernos pudieran plantearse
programas de mejoras medioambientales a gran escala buscando que su ciudad, su
comunidad o su país acaben resultando más sostenibles a largo plazo.
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que le asesorán sobre las mejores medidas de mejora energética que se pueden
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