Octubre, 2019, 3030,.....¨Sin edie¨....
La fiscalía española ha presentado una petición de 25
años de cárcel para el líder independentista catalán Oriol Junqueras,
así como de 17 y 11 años para el resto de acusados de organizar el referéndum y
la declaración política de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Según
la fiscalía, los acusados habrían cometido un delito de rebelión, incluido en
el artículo 472 del Código Penal, que persigue a quienes “se alzaren violenta y
públicamente” para determinados fines, entre los que se encuentran “declarar la
independencia de una parte del territorio nacional” o “derogar, suspender o
modificar total o parcialmente la Constitución”.
Parece, pues, que en España hay una Justicia para unos
y otra para otros. La Diosa de ojos vendados se muestra muy atenta a quienes
son los destinatarios de sus acciones. No es de extrañar, en todo caso. La
llamada Transición española, que dio origen a la Constitución vigente, no vino
acompañada de depuración democrática alguna en los cuerpos policiales ni en la
judicatura. El corporativismo de una profesión elitista donde abundan las
familias de abolengo y las sectas ligadas al poder como el Opus Dei, hicieron
el resto. La práctica ausencia de mecanismos de separación de poderes efectivos
en una Constitución pacata, que liga los más altos puestos del gobierno
judicial al partido del gobierno, terminó de decorar el pastel, con la
inestimable ayuda de la situación de excepción jurídica autoinfligida con la
excusa de la lucha contra el terrorismo, que permitió ensayar diversos
mecanismos de limitación de los derechos civiles.
Podría parecer la aséptica calificación jurídica de
unos hechos presuntamente delictivos por parte del organismo público encargado
de la acusación en nombre de toda la sociedad. Pero hay dos circunstancias que
llaman poderosamente la atención. En primer lugar, la abogacía del Estado,
dependiente del gobierno, no ha presentado acusación por rebelión frente a los
mismos hechos, sino por sedición, un tipo penal menos agravado que excluye la
violencia; en segundo lugar, el autor principal del presunto delito (el entonces
presidente de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont) no va
a ser juzgado en este juicio, por encontrarse en rebeldía, pero en una
especialísima situación de rebeldía: todo el mundo sabe dónde se encuentra, y
la Justicia española obtuvo su detención, para retirar después la orden de
entrega que había pedido a las autoridades alemanas. Es decir, Puigdemont no
es, en estos momentos, un prófugo de la justicia, ya que la Justicia española
no pretende su detención y entrega, conociendo su domicilio actual.
Mucho tiene que ver con todo esto la evidente
sobreactuación de la Justicia española ante unos hechos que bien pudieran
entenderse como una simple declaración parlamentaria que nunca tuvo intención
de derivar en efectividad jurídica alguna. La acusación de rebelión no se
sostuvo ante la Justicia alemana, cuando se pidió la entrega de Puigdemont, ya
que el elemento de la violencia ha estado absolutamente ausente en las
reclamaciones independentistas, que, en ruptura o no con el orden
constitucional, se han mantenido siempre dentro de los cauces marcados por una
clase política, hegemónicamente burguesa, que ha sido una parte nuclear del
propio régimen español hasta muy recientemente.
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No es este el único asunto que llama la atención en el
desempeño de la Justicia española en las últimas semanas. El día 5 de
noviembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en reunión de urgencia, deberá
pronunciarse sobre quien ha de pagar un importante impuesto en los contratos
hipotecarios. Parece algo normal, pero no lo es: esta reunión ha sido convocada
de manera enormemente extraña, es más, escandalosa. El pasado 18 de octubre,
una sentencia de esta misma sala indicaba que dicho impuesto debía ser pagado
por los bancos. En menos de 24 horas, el presidente de la sala imponía una
reunión para reescribir una sentencia ya firme, “dada la repercusión económica
y social” de la misma. Sin apoyo legal claro, ante una masiva caída en Bolsa de
las entidades bancarias, la Justicia se levantaba la venda para ver quién era
el afectado por sus decisiones y decidía sentarse a ver si podía cambiarlas.
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Estas polémicas decisiones no llamarían tanto la
atención si no contrastaran con antecedentes curiosos. Las peticiones de penas
para los políticos y activistas catalanes, que se encuentran en prisión
provisional, son inferiores a las penas en su día solicitadas e impuestas a los
autores del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo
de guardias civiles armados ocuparon el edificio del Congreso y retuvieron a
los diputados mientras disparaban, y otros militares sublevados sacaban los
tanques a las calles. La sensibilidad de la sala tercera del Supremo ante la
“repercusión social” de sus decisiones cuando son desfavorables a las entidades
financieras contrasta fuertemente con los cientos de miles de desahucios que
una Justicia impertérrita ha ejecutado en tiempos de crisis, y que han venido
acompañados de miseria, suicidios y violencia y detenciones policiales.
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En tres días, tras la sentencia del 18 de octubre que imponía el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados a la banca, las entidades financieras perdieron 8.196 millones en la Bolsa. Una razón poderosa para activar todas alarmas de una casta judicial ahíta de privilegios y muy vinculada con la oligarquía patria. Téngase en cuenta cuando se analiza el por qué de sus decisiones. Incluyendo, por supuesto, la dureza desplegada en la aplicación de la legislación aprobada durante la crisis para amordazar a los movimientos sociales. Un tuit a destiempo, es hoy más caro, en términos penales, en España, que la apología abierta de la dictadura franquista o que haber pertenecido al cuerpo de torturadores de la misma.
# Rafael Nieto, recuerda palabra ya vertidas en el pasado , “que los tribunales no vuelvan a ser
como los perros de cortijo, que sólo ladran a quien va mal vestido”. Hemos de
reconocer que en España la mayoría vestimos muy mal y que los mejores togados,
los que debían de defendernos de la injusticia, no han dejado de corretear
alrededor de la casa del amo.
Quizá por decir cosas como esas mataron a Barriobero,
a la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939. Quizás la Diosa
de ojos vendados siga ciega y muda ante la suerte de las barridas de colada y
ropa tendida. Quizás en los despachos más lujosos ladran lobos que pronto
empezarán a aullar. Pero el pueblo español se merece otra cosa.
Reclamar, organizarse, pelear por un mañana. Los
abogados, los ciudadanos, los trabajadores, los jueces conscientes (que también
los hay) sólo encontrarán a la Justicia tras los velos que hoy la ciegan, tras
los intereses espurios que la encadenan, en el movimiento real que abole el
actual estado de las cosas. En la lucha cotidiana por una justicia material y
real, viva y gozosa.
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