En ALMERÍA y tras cinco meses de trabajos en la
Mesa de la Vivienda
para la negociación del futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019,
con la participación de los representantes de la Consejería de Fomento, de
los sindicatos UGT y CCOO y la CEA ,
la Confederación
de Empresarios de Andalucía y FADECO han abandonado la negociación ante la nula
voluntad negociadora mostrada por los responsables de la Consejería de Fomento y
por el hecho de que no se han producido avances en las reuniones, lo que ha convertido
el proceso de negociación en una situación de mera apariencia de participación.
Con
el nulo interés negociador, la
Consejería está incumpliendo el Acuerdo para el Progreso Económico
y Social de Andalucía, firmado en marzo de 2013 por la Junta de Andalucía, CEA y UGT
y CCOO, en el que se acordó la negociación de los planes de infraestructuras y de
vivienda con los representantes de los empresarios de los sectores afectados.
No
obstante, la CEA ha
señalado que se comparten los objetivos del plan para el apoyo de las familias en
situación de riesgo de perder sus viviendas, en ahorro y eficiencia energética y
en rehabilitación, pero faltan garantías de que se puedan llevar a cabo. En esta
línea, la Confederación
y FADECO sí apoyan, en cambio, el planteamiento y los objetivos del decreto de ley
de Construcción Sostenible, puesto que tiene comprometidos recursos económicos que
garantizan su ejecución, porque ha tenido en cuenta los planteamientos empresariales
y porque tendrá una incidencia favorable en la actividad empresarial de un sector
que está inmerso en una profunda crisis.
En
estos meses ha sido imposible acordar con los responsables de la Consejería de Fomento el
cierre ordenado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo para que incluya un plan
de pago de los compromisos contraídos por la Consejería con los empresarios
promotores, que se acogieron a los distintos programas del anterior plan y que,
con resoluciones favorables de concesión de ayudas, llevan años esperando los pagos.
La deuda acumulada por la
Administración con los empresarios promotores por este concepto
asciende a una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Desde el inicio de las
negociaciones, la CEA
y FADECO condicionaron cualquier acuerdo en el futuro plan a que hubiera un compromiso
de pago a los promotores por parte de la Junta de Andalucía.
Asimismo,
en el último borrador presentado por la Consejería prácticamente no se han recogido casi ninguna
de las alegaciones presentadas por la
CEA y FADECO para que el plan contemplara medidas para reactivar
la actividad en un sector que está sumido en una profunda crisis.
En
cuanto al futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación en el tiempo transcurrido
no hay garantías ciertas de financiación de los programas, no existe escenario de
financiación con el que acometer el plan, dado que la proveniente del Plan Estatal
de Vivienda 2013 – 2016 está condicionada a que se justifique los recursos aportados
por el Estado en el anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo que estuvo en vigor
entre los años 2008 y 2012, lo que deja en el aire la financiación del futuro plan,
que se fía en gran medida a los fondos que puedan provenir de la Unión Europea en el próximo
marco de apoyo comunitario y que deben ser destinados tanto al Plan Integral de
Construcción Sostenible 2015 – 2020, como al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación
2014 - 2019.
La
última propuesta de Plan presentada por la Consejería no da soluciones
a los más de 100.000 andaluces inscritos en los Registros Municipales de Vivienda
creados por los Ayuntamientos, a instancias de la Consejería , para adecuar
la oferta a las necesidades de viviendas protegidas en venta o en alquiler, obviando
así los registros y las expectativas y los derechos que se contienen en la Ley de Derecho a la Vivienda.
Asimismo,
la propuesta presentada por la
Consejería es más una declaración de intenciones que un Plan,
quedando los programas supeditados a la captación de recursos y al desarrollo posterior
de órdenes, a la vez que carece de objetivos concretos que permitan evaluar el grado
de cumplimiento del plan.
Por
otro lado, indicar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha remitido
al Tribunal de Cuentas para su evaluación, la denuncia presentada por las Asociaciones
de Promotores de Almería y Granada en relación con las cantidades transferidas a
la Junta de Andalucía
por parte del Ministerio de Fomento, en el marco del Plan Estatal de Vivienda para
subvenciones a Promotores de viviendas protegidas, por entender que, si ha existido
alguna irregularidad esta carece de relevancia penal, sin perjuicio de que la situación
pueda ser evaluada por el Tribunal de Cuentas.
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