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viernes, 18 de abril de 2014

LOS EMPRESARIOS ABANDONAN LA MESA DE LA VIVIENDA POR 'FALTA DE VOLUNTAD NEGOCIADORA'

 TODO EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
En ALMERÍA y tras cinco meses de trabajos en la Mesa de la Vivienda para la negociación del futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019, con la participación de los representantes de la Consejería de Fomento, de los sindicatos UGT y CCOO y la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía y FADECO han abandonado la negociación ante la nula voluntad negociadora mostrada por los responsables de la Consejería de Fomento y por el hecho de que no se han producido avances en las reuniones, lo que ha convertido el proceso de negociación en una situación de mera apariencia de participación.
Con el nulo interés negociador, la Consejería está incumpliendo el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado en marzo de 2013 por la Junta de Andalucía, CEA y UGT y CCOO, en el que se acordó la negociación de los planes de infraestructuras y de vivienda con los representantes de los empresarios de los sectores afectados.
No obstante, la CEA ha señalado que se comparten los objetivos del plan para el apoyo de las familias en situación de riesgo de perder sus viviendas, en ahorro y eficiencia energética y en rehabilitación, pero faltan garantías de que se puedan llevar a cabo. En esta línea, la Confederación y FADECO sí apoyan, en cambio, el planteamiento y los objetivos del decreto de ley de Construcción Sostenible, puesto que tiene comprometidos recursos económicos que garantizan su ejecución, porque ha tenido en cuenta los planteamientos empresariales y porque tendrá una incidencia favorable en la actividad empresarial de un sector que está inmerso en una profunda crisis.
En estos meses ha sido imposible acordar con los responsables de la Consejería de Fomento el cierre ordenado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo para que incluya un plan de pago de los compromisos contraídos por la Consejería con los empresarios promotores, que se acogieron a los distintos programas del anterior plan y que, con resoluciones favorables de concesión de ayudas, llevan años esperando los pagos. La deuda acumulada por la Administración con los empresarios promotores por este concepto asciende a una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Desde el inicio de las negociaciones, la CEA y FADECO condicionaron cualquier acuerdo en el futuro plan a que hubiera un compromiso de pago a los promotores por parte de la Junta de Andalucía.
Asimismo, en el último borrador presentado por la Consejería prácticamente no se han recogido casi ninguna de las alegaciones presentadas por la CEA y FADECO para que el plan contemplara medidas para reactivar la actividad en un sector que está sumido en una profunda crisis.
En cuanto al futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación en el tiempo transcurrido no hay garantías ciertas de financiación de los programas, no existe escenario de financiación con el que acometer el plan, dado que la proveniente del Plan Estatal de Vivienda 2013 – 2016 está condicionada a que se justifique los recursos aportados por el Estado en el anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo que estuvo en vigor entre los años 2008 y 2012, lo que deja en el aire la financiación del futuro plan, que se fía en gran medida a los fondos que puedan provenir de la Unión Europea en el próximo marco de apoyo comunitario y que deben ser destinados tanto al Plan Integral de Construcción Sostenible 2015 – 2020, como al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014 - 2019.
La última propuesta de Plan presentada por la Consejería no da soluciones a los más de 100.000 andaluces inscritos en los Registros Municipales de Vivienda creados por los Ayuntamientos, a instancias de la Consejería, para adecuar la oferta a las necesidades de viviendas protegidas en venta o en alquiler, obviando así los registros y las expectativas y los derechos que se contienen en la Ley de Derecho a la Vivienda.
Asimismo, la propuesta presentada por la Consejería es más una declaración de intenciones que un Plan, quedando los programas supeditados a la captación de recursos y al desarrollo posterior de órdenes, a la vez que carece de objetivos concretos que permitan evaluar el grado de cumplimiento del plan.

Por otro lado, indicar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha remitido al Tribunal de Cuentas para su evaluación, la denuncia presentada por las Asociaciones de Promotores de Almería y Granada en relación con las cantidades transferidas a la Junta de Andalucía por parte del Ministerio de Fomento, en el marco del Plan Estatal de Vivienda para subvenciones a Promotores de viviendas protegidas, por entender que, si ha existido alguna irregularidad esta carece de relevancia penal, sin perjuicio de que la situación pueda ser evaluada por el Tribunal de Cuentas.
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jueves, 17 de abril de 2014

EL TRIBUNAL SUPERIOR NIEGA LA VALIDEZ DE LOS INFORMES DE LA ITE DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS

 TODO EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
El TS Falla que solo arquitectos y aparejadores pueden firmarlos tras un recurso contra el Concello
Los informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) son terreno exclusivo de los arquitectos y aparejadores. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que ratifica que los ingenieros de caminos, canales y puertos carecen de competencia para realizar ese procedimiento. Meses atrás ya había caído en saco roto un recurso de otro colegio profesional, el de los ingenieros industriales, que también reclamaban su capacidad y derecho a firmar ITEs de edificios residenciales.
La nueva sentencia se refiere a un informe presentado por la Autoridad Portuaria para su edificio residencial y administrativo de Concepción Arenal número 6, lindante a su sede central. El examen técnico al inmueble estaba firmado por un ingeniero de caminos, y la Gerencia lo desestimó en 2011 alegando que este colectivo no posee la titulación adecuada para cubrir ITEs. El colegio profesional recurrió y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vigo desestimó sus argumentos. El TSXG se pronuncia en el mismo sentido.

Los ingenieros de caminos alegan que cuentan con la "competencia técnica e idoneidad" para la redacción de los citados informes y subrayan que "no hay reserva de ley a profesión concreta" para realizarlos. El TSXG, por contra, esgrime que el criterio aplicable "resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de la construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al arquitecto, y en su caso al arquitecto técnico". Ni ingenieros de caminos ni industriales, según las sucesivas resoluciones judiciales, contarían con la facultad para redactar ITEs.
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miércoles, 16 de abril de 2014

EL CERTIFICADO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS

 Todo en Certificación Energética de edificios
"El gasto de energía de los edificios públicos en los países de la Unión Europea supone el 19% del PIB."

En el RD de Certificación Energética, en su artículo 4 obliga a renovar anualmente, desde el año 2014, el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y/o refrigeración que sean propiedad y ocupe la Administración del Estado, cuando la superficie útil sea mayor de 500m2. A partir del 9 de julio de 2015, se aplicará también a edificios de más de 250 m2.

Antes de que finalizase el 2013, todos los estados miembro, estaban obligados a hacer un inventario energético de los edificios públicos sujetos a renovación, según la Directiva 2012/27/UE en el artículo 5.

"El proceso de renovación  debe dar prioridad a los edificios con peor rendimiento energético."

En el inventario aparece la superficie total de los edificios  y el consumo de energía que presentan. La intención de este proceso es sensibilizar a la población ya que, los edificios públicos deberían de ser un ejemplo a seguir para el resto de la población. Por este motivo se deben de priorizar actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos como son los colegios, instalaciones deportivas, edificios de experimentación etc. Con ello se conseguiría generar  empleo en materia de eficiencia energética y energías renovables además de reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía, con el consiguiente ahorro económico que conlleva.

Las administraciones públicas, además, tienen la posibilidad y responsabilidad de abrir el mercado de la eficiencia energética, incorporando las exigencias en sus edificios, en los pliegos de contratación elaborados para los concursos públicos de servicios y obras de gestión o rehabilitación energética.


Por ejemplo, Francia, en el año 2009 a través de su Plan Grenelle inició una estrategia de sensibilización ecológica de su sociedad. Este plan incluía la renovación de todos los edificios públicos hasta reducir el 40 % del consumo de energía y 50% de sus emisiones de gases efecto invernadero.
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miércoles, 9 de abril de 2014

ALEJO VIDAL-QUADRAS ADVIERTE QUE LA REFORMA ELÉCTRICA PUEDE SER CONTRARIA A LA NORMATIVA EUROPEA.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, ha remitido una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que asegura que algunos aspectos de la reciente reforma energética pueden ser contrarios a varias directivas europeas. El parlamentario europeo manifiesta en la misiva su "preocupación" por la orientación de la política energética del Gobierno y recomienda "una pronta transposición de la Directiva de eficiencia energética" para corregir "las situaciones que se hayan demostrado contrarias a su espíritu."

En una carta a la que ha tenido acceso Grupo ByR, Vidal-Quadras alude especialmente a la falta de apoyo a la tecnología de cogeneración de alta efieiciencia, promovida y protegida por la directiva 2012/27/UE. Además, cita tres normas recientes publicadas por el gobierno español que pueden ir en contra del concepto de eficiencia energética aprobado en el Parlamento Europeo. La primera de ellas es la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que impone "importantes impuestos" a la cogeneración.

La segunda norma criticada es el Real Decreto-ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Para Vidal -Quadras, este R.D. "desincentiva la adopción de medidas de ahorro energético por parte de los consumidores, al incrementar los peajes de acceso contribuyendo a desligar el precio de la energía de su nivel de consumo".

En tercer lugar, alude al proyecto de real decreto sobre autoconsumo, cuyo contenido "perjudica enormemente" este tipo de actividad "al imponerle un peaje de respaldo desproporcionado."

Sobre esta base, Vidal-Quadras le ha comunicado a Alberto Nadal que sería "deseable una pronta" transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética a la legislación española. Con este procedimiento se lograría la "corrección de las situaciones que se hayan demostrado contrarias a su espíritu", concluye Vidal-Quadras, quien le deseó al secretario de Estado mucho éxito en su "difícil tarea".

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