PENA DE PRISIÓN PARA EL EX-ALCALDE DE BRENES POR CONCEDER LICENCIAS ILEGALES

El es alcalde de Brenes Manuel Moreno Noa (PSOE) y su concejal delegado del área de Sostenibilidad Urbana, Rosanilo Daza Pastrana han sido condenados a un año y medio de cárcel por conceder licencias de primera ocupación ¨ manifiestamente ilegales ¨ para sendas viviendas, a pesar de los informes en contra de los servicios urbanísticos municipales.

La sentencia a la que ha tenido acceso nuestro director Técnico Dº Rafael Nieto Fernández, con fecha de 31 de Julio, condena además a ambos a cinco años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público relacionado con la actividad urbanística y al pago de una multa de 2.700 euros por un delito continuado de prevaricación urbanística.

El magistrado considera probado, en relación a la primera de las viviendas en construcción, una casa unifamiliar ubicada en la calle Cantillana, que el promotor solicitó una licencia de edificación en noviembre de 2009, de manera que, tras la subsanación de determinados defectos informados por los técnicos municipales, que determinaron inicialmente la denegación de la licencia por parte del anterior alcalde, la Junta de Gobierno Local concedió finalmente licencia urbanística de edificación en marzo de 2010. 

Ya en mayo de 2011, dicho promotor solicitó licencia de ocupación, para lo que aportó un certificado final de la dirección de la obra suscrito por dos arquitectos que aseguraban que la edificación había quedado terminada bajo su dirección de conformidad con el proyecto aprobado por la anterior licencia de obras. 

Sin embargo, el arquitecto municipal informó negativamente a la concesión de la licencia de ocupación "por no estar finalizada la obra, aparte de sin enfoscar ni pintar", informe al que atendió el anterior alcalde para denegar la licencia el 19 de mayo de 2011.

Obras no ajustadas al proyecto

Tras ello, en octubre de 2011, el arquitecto municipal informó nuevamente "reiterando que no se había terminado la vivienda, y que además las obras realmente ejecutadas no se ajustaban al proyecto y la licencia de edificación", pues había un "notorio exceso" de 161 metros cuadrados, 150,98 de los cuales no eran legalizables por exceder de la edificabilidad máxima de la parcela. 

De su lado, el secretario municipal alertó de que la obra ejecutada "era disconforme" con la licencia de obras e "imposible" de legalizar, por lo que advertía al alcalde de que no debía conceder la licencia de ocupación. 

Ambos técnicos propusieron al exalcalde que debía incoarse expediente para restituir el suelo a su realidad física originaria, imposición de multa e incoación de expediente sancionador.

'Arbitraria'

"No obstante la claridad de los dos informes, el técnico y el jurídico, advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de ocupación", y "sin justificar mínimamente una propuesta discordante con los criterios técnico y jurídico", el concejal condenado propuso "de manera arbitraria" al entonces alcalde que concediera la licencia, "a sabiendas de la imposibilidad de dicha concesión". 

De su lado, el ya exalcalde, "perfectamente consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución las graves objeciones de legalidad que se le indicaban por sus técnicos, no solamente denegó la propuesta de incoar los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador, sino que concedió la licencia de ocupación". 

En relación a la segunda de las viviendas, ubicada en la avenida de Portugal, el juez dice que el procedimiento "fue casi idéntico", pues pese a los informes desfavorables emitidos por el arquitecto y el secretario municipales, el exconcejal imputado "propuso de forma arbitraria" al exalcalde la concesión de la licencia "manifiestamente ilegal". 

Tras ello, el exalcalde "no sólo denegó el inicio de expediente de reposición de la legalidad y sancionador que le había sido propuesto por el técnico municipal, sino que también resolvió conceder la licencia de ocupación a sabiendas de que su comportamiento era ilegal".

El juez concluye que las licencias de ocupación "son claramente contrarias a la normativa de planeamiento", añadiendo que el coste de reposición del suelo a su estado originario se ha tasado en 53.000 euros para la vivienda de la calle Cantillana y en 25.000 euros para la de la avenida de Portugal. 

"Solamente tras la incoación de una investigación preprocesal de la Fiscalía, los acusados tomaron iniciativas para la revisión de oficio de las licencias ilegales descritas en la restauración del suelo a su estado compatible con la legalidad", de manera que ambas licencias de ocupación fueron declaradas nulas en 2013 por resolución del pleno municipal. 

En el juicio celebrado el 10 de abril, el entonces alcalde aseguró que firmó en octubre de 2011 la concesión de las licencias de primera ocupación para dos viviendas "sin mirar" la documentación que acompañaba a las mismas, en las que se incluía los informes en contra del arquitecto y del secretario municipales, ya que no tenía tiempo para detenerse en cada uno de los "20 o 30 expedientes" que le llegaban diariamente a través de un programa informático.

'A ciegas'

"Desconozco los tecnicismos y no entiendo mucho de urbanismo", señaló entonces Moreno Noa, que agregó que firmó la concesión de dichas licencias porque tenía "confianza" en sus subordinados y entendía que "habían pasado todos los filtros y que venían con todos los parabienes". "No tenía por qué mirar los expedientes porque no entiendo sus tecnicismos", apostilló. 

Frente a ello, el juez considera que "resulta difícilmente sostenible el que se haya instaurado un sistema que deje reducida la labor del máximo responsable del Ayuntamiento a una firma a ciegas sin acceso a los documentos del expediente, y ni tan siquiera a los informes técnicos o del secretario de la corporación". 

A su juicio, "no puede considerarse que una persona que asume una responsabilidad como la de ser alcalde de un ayuntamiento pueda ampararse en el hecho de desconocer el funcionamiento y delegar completamente su responsabilidad en la confianza que le merece el personal de la corporación municipal". 

Y es que "no se trata de Moreno Noa ni ningún otro alcalde sean responsables de la adecuada tramitación de los expedientes urbanísticos o que hayan de tener conocimientos técnicos en materias en las que pueden no ser especialistas, sino que han de valorar los datos que se les ofrecen y entre estos cobran una muy especial relevancia los informes técnicos y jurídicos del secretario de la Corporación".

Además, "no se puede olvidar de que se está hablando del ayuntamiento de una localidad como Brenes que, como el propio Moreno Noa admite, no produce un volumen de documentos a firmar diariamente que pueda considerarse mínimamente importante, de manera que no puede en modo alguno excusarse en que dicho volumen impedía o dificultaba la comprobación de los elementos esenciales de los actos que se sometían a su aprobación", asevera el juez.

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