El Ministerio de Industria
ya tramitó un proyecto de decreto por el que se transpone, como no?, parcialmente la
Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética en lo que se refiere a auditorías
energéticas para empresas no Pymes y la promoción de los sistemas urbanos
eficientes de calefacción y refrigeración.
El artículo 13 del
borrador de decreto copia una parte del artículo 14 de la Directiva por el que
se adoptarán políticas que fomenten el análisis a escala local y regional del
potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes y que
utilicen cogeneración de alta eficiencia, impulsando mercados locales y
regionales de calor. En los casos en los que el análisis de costes y beneficios
sea positivo se adoptarán medidas para desarrollar infraestructuras urbanas de
calefacción y refrigeración eficiente a través del desarrollo de cogeneración
de alta eficiencia y el uso de la calefacción y refrigeración procedentes del
calor residual y de fuentes de energías renovables.
Esta propuesta normativa complementa
la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que en su
artículo 10 se propone facilitar las actuaciones en espacios que consigan
reducir un 30% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración a
través, entre otras medidas, de sistemas centralizados y de energías
renovables.
Una de las razones que
motivó el voto del Gobierno contra la Directiva de eficiencia energética en
octubre de 2012 fue precisamente que España no es un país de District Heating
& Cooling, olvidando que ya existen experiencias de redes urbanas de calor
y frío y que los sistemas centralizados se han desarrollado a pesar de todo. La
novedad es que el mismo Gobierno que votó contra la Directiva ha empezado a
transponerla, aunque de forma parcial, al ordenamiento jurídico y se puede
hablar de un incipiente esfuerzo para impulsar los sistemas urbanos eficientes
en el uso de la energía.
La última actualización
del Código Técnico de la edificación y la Ley 8/2013 de rehabilitación tienen
como objetivo avanzar hacia una calificación energética de los edificios A y B
y hacia el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo de la Directiva
2010/31/UE de eficiencia de edificios. Alcanzar esos niveles de eficiencia
exige no solo poner en marcha el conjunto de medidas de las directivas
europeas, sino facilitar el desarrollo de los sistemas centralizados de
calefacción y refrigeración y el autoconsumo.
El enorme potencial de
ahorro de energía en todo el parque de edificios y viviendas está sin explotar
y los costes energéticos van a seguir creciendo hasta representar el 50% de los
costes de explotación de un edificio, lo que hace de la rehabilitación una
actividad clave para la recuperación económica, para transformar el uso de la
energía y cumplir los objetivos europeos de eficiencia, renovables y emisiones
de CO2.
Los pasos a seguir
deberían ser la transposición del concepto de “sistema urbano eficiente de
calefacción y refrigeración”, como todo sistema urbano que utilice al
menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor
cogenerado o un 50% de una combinación de los tres, y del concepto de “edificio
de consumo de energía casi nulo”, como el edificio con un nivel de eficiencia
energética muy alto y que la poca energía que requiere procede de fuentes
renovables producida in situ o en el entorno. La Directiva de eficiencia
energética prevé que para abril de 2014 se elabore una estrategia nacional de
rehabilitación de todo el parque de edificios y se cree un Fondo Nacional de eficiencia
energética con los recursos obtenidos por el ahorro del 1,5% al año en la
facturación a los clientes finales.
La coherencia de las
políticas públicas determinará el éxito de esta incipiente normativa sobre
eficiencia energética en el urbanismo. Una de las críticas más importantes que
se ha efectuado a la reforma eléctrica es que incumple la Directiva 2012/27/UE
por las barreras que impone al ahorro de energía y al autoconsumo a través de
la estructura de los peajes del recibo de la luz. La eficiencia energética
debería ser el pilar de cualquier reforma energética porque reduce la
dependencia energética, los costes energéticos de los consumidores y mejora la
competitividad de todos los sectores de la economía.
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