TU FACTURA DE LA LUZ NO PUEDE SER MÁS TRANSPARENTE Y CONFUSA

Nuestro director Técnico, Rafael Nieto Fernández, nos comenta ¨ Iberdrola vuelve a intentar confundirnos¨.

Siendo el grueso de su producción de energía no verde, durante años se ha puesto a la mencionada empresa la etiqueta de empresa ecológica, siendo tan sólo el 15 % aproximadamente de su producción proveniente de energías renovables en el periodo 2012-2020.

Para rematar la faena, emite información no exacta o que da lugar a confusión, para que los ciudadanos de bien de España, no la culpemos directamente y le pidamos responsabilidades de la cuasidelictiva subida de precios reciente.

Siendo cierto que el responsable principal de la escalada de precios de la electricidad es el regulador, es decir el santo Gobierno de España. Y más concretamente, la política de energías renovables que estableció el gobierno de los sociolistos del impresentable José Luis Rodriguez Zapatero, ¨para mi el peor cáncer de la democracia reciente de España¨ según puntualiza nuestro Director Técnico, la defensa que esgrime Iberdrola no puede ser la información que nos suministra al ciudadano de bien que puebla esta piel de toro nuestra.

La información está puesta de tal forma que parece que el 38% de la factura se dedica a pagar la electricidad y el resto a pagar otras cosas. Esto no es del todo cierto. Analicemos cada detalle:

Coste de 51€

Algunas instituciones nos han preguntado cómo puede ser que el recibo medio sea tan reducido. En España hay millones de pisos de segunda residencia. Estos pisos tienen cada mes el consumo mínimo (excepto en la temporada de vacaciones) y bajan mucho la media.

Cargas fiscales 15.7€ (30%)

Aquí se incluye el IVA, ¡como en todos los productos que compramos los consumidores! Es cierto que la carga fiscal de la electricidad es excesiva, ya que tiene un 6% de un impuesto especial. Si consideramos la electricidad como un artículo de primera necesidad para las familias con menos recursos, este impuesto está fuera de lugar. Si además consideramos la electricidad como un elemento clave para la competitividad de las empresas exportadoras este impuesto se debería eliminar.

Hay un 3% de carga fiscal que no sabemos de dónde proviene.

Subvenciones medioambientales 9.7€ (19%)

Estas subvenciones son para las energías renovables (solar y eólica principalmente). Es decir, este dinero se destina a que tengamos electricidad, pero el redactado del texto induce a pensar que son subvenciones para la cría del lince o la regeneración de fondos marinos.

Es cierto que el dinero que destinamos a las energías renovables es excesivo y muy poco eficiente. Las energías renovables son necesarias, y cada vez deben tener mayor protagonismo, pero no a cualquier precio.

Subvenciones territoriales 1.9€ (3.7%)

Suponemos que se referirá a las subvenciones que perciben las llamadas extrapeninsulares. Generar la electricidad en las islas Baleares y en las islas Canarias es más caro que en la península. Allí no disponen de las fuentes más baratas de electricidad (hidráulica y nuclear). Para que el recibo en las islas no sea muy caro está subvencionado. Esta subvención está relacionada con la electricidad y lo que consigue es que todos los ciudadanos paguemos lo mismo por la misma. De nuevo el redactado puede inducir a pensar que es una subvención para que el territorio de La Rioja tenga más vino, o que Extremadura tenga más buitres, pero no, este dinero es para que algo más de 3 millones de ciudadanos paguen lo mismo por la electricidad que el resto.

Se podría objetar que esta subvención procediese de los presupuestos generales del Estado. Desde mi punto de vista el recibo de la luz es muy proporcional, es decir paga más electricidad el que gana más (porque tiene la casa más grande, tiene más electrodomésticos, o porque tiene más casas), con lo que me parece bien que se pague a través del recibo de los hogares. Las empresas deberían estar al margen de esta vía de compensación.

Ayudas sociales 1.3€ (2.5%)

A falta de más información suponemos que se referirá al bono social. Las familias con menos recursos (pensionistas, parados, familias numerosas) tienen la luz más barata. Como en el caso anterior podría pagarse vía presupuestos y yo defiendo que se pague por el recibo, pero no por parte de las empresas. De nuevo la redacción del texto incita a pensar que este dinero es para pagar los comedores escolares o los centros de ayuda a la drogadicción cuando es para bajar el recibo de la electricidad de 3 millones de usuarios.

Otros 3.4€ (6.7%)

La falta de datos nos obliga a realizar suposiciones. Por eliminación faltan por incluir en el recibo las subvenciones al carbón y a la moratoria nuclear. Este dinero también está dirigido a generar electricidad.

Estamos en contra de las subvenciones al carbón de origen nacional, es una energía muy cara y sin futuro, por lo que no tiene sentido mantenerla. Las subvenciones al carbón deberían proceder de los presupuestos generales del estado y se deberían reducir a cero ya.

El pago por la moratoria nuclear es un coste político por decisiones en el pasado y lo mejor es que está próximo a terminarse el pago que ya es reducido.

Resumen

La información ofrecida por Iberdrola es capciosa, ruin y engañosa. Pretende hacernos creer que gran parte del recibo es para pagar cosas ajenas a la electricidad con un redactado confuso, lo que es incorrecto. A excepción de la carga fiscal (que es excesiva), el resto de costes son imputables a costes eléctricos. Aunque muchos de estos costes son debidos a decisiones políticas arbitrarias. El gráfico debería quedar así

Un redactado más exacto como éste daría una información más completa a los consumidores

La subida de la luz que ha experimentado la electricidad en los 6 últimos años es por culpa de decisiones políticas propiciadas principalmente por el gobierno de los sociolistos de JoséLuis Rodríguez Zapatero. Son las subvenciones a las energías renovables las que han disparado el coste de la electricidad. Iberdrola tiene razón en culpar a otros de la subida de la electricidad, pero lo ha hecho de una forma inexacta y confusa, ruin, mefítica, púdrida y capciosa, pretendiendo que es única y exclusivamente culpa de otros, cuando eso no es así.

Follow Us

LOS EMPRESARIOS ABANDONAN LA MESA DE LA VIVIENDA POR 'FALTA DE VOLUNTAD NEGOCIADORA'

En ALMERÍA y tras cinco meses de trabajos en la Mesa de la Vivienda para la negociación del futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019, con la participación de los representantes de la Consejería de Fomento, de los sindicatos UGT y CCOO y la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía y FADECO han abandonado la negociación ante la nula voluntad negociadora mostrada por los responsables de la Consejería de Fomento y por el hecho de que no se han producido avances en las reuniones, lo que ha convertido el proceso de negociación en una situación de mera apariencia de participación.

Con el nulo interés negociador, la Consejería está incumpliendo el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado en marzo de 2013 por la Junta de Andalucía, CEA y UGT y CCOO, en el que se acordó la negociación de los planes de infraestructuras y de vivienda con los representantes de los empresarios de los sectores afectados.

No obstante, la CEA ha señalado que se comparten los objetivos del plan para el apoyo de las familias en situación de riesgo de perder sus viviendas, en ahorro y eficiencia energética y en rehabilitación, pero faltan garantías de que se puedan llevar a cabo. En esta línea, la Confederación y FADECO sí apoyan, en cambio, el planteamiento y los objetivos del decreto de ley de Construcción Sostenible, puesto que tiene comprometidos recursos económicos que garantizan su ejecución, porque ha tenido en cuenta los planteamientos empresariales y porque tendrá una incidencia favorable en la actividad empresarial de un sector que está inmerso en una profunda crisis.

En estos meses ha sido imposible acordar con los responsables de la Consejería de Fomento el cierre ordenado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo para que incluya un plan de pago de los compromisos contraídos por la Consejería con los empresarios promotores, que se acogieron a los distintos programas del anterior plan y que, con resoluciones favorables de concesión de ayudas, llevan años esperando los pagos. La deuda acumulada por la Administración con los empresarios promotores por este concepto asciende a una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Desde el inicio de las negociaciones, la CEA y FADECO condicionaron cualquier acuerdo en el futuro plan a que hubiera un compromiso de pago a los promotores por parte de la Junta de Andalucía.

Asimismo, en el último borrador presentado por la Consejería prácticamente no se han recogido casi ninguna de las alegaciones presentadas por la CEA y FADECO para que el plan contemplara medidas para reactivar la actividad en un sector que está sumido en una profunda crisis.

En cuanto al futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación en el tiempo transcurrido no hay garantías ciertas de financiación de los programas, no existe escenario de financiación con el que acometer el plan, dado que la proveniente del Plan Estatal de Vivienda 2013 – 2016 está condicionada a que se justifique los recursos aportados por el Estado en el anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo que estuvo en vigor entre los años 2008 y 2012, lo que deja en el aire la financiación del futuro plan, que se fía en gran medida a los fondos que puedan provenir de la Unión Europea en el próximo marco de apoyo comunitario y que deben ser destinados tanto al Plan Integral de Construcción Sostenible 2015 – 2020, como al Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014 - 2019.

La última propuesta de Plan presentada por la Consejería no da soluciones a los más de 100.000 andaluces inscritos en los Registros Municipales de Vivienda creados por los Ayuntamientos, a instancias de la Consejería, para adecuar la oferta a las necesidades de viviendas protegidas en venta o en alquiler, obviando así los registros y las expectativas y los derechos que se contienen en la Ley de Derecho a la Vivienda.

Asimismo, la propuesta presentada por la Consejería es más una declaración de intenciones que un Plan, quedando los programas supeditados a la captación de recursos y al desarrollo posterior de órdenes, a la vez que carece de objetivos concretos que permitan evaluar el grado de cumplimiento del plan.

Por otro lado, indicar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha remitido al Tribunal de Cuentas para su evaluación, la denuncia presentada por las Asociaciones de Promotores de Almería y Granada en relación con las cantidades transferidas a la Junta de Andalucía por parte del Ministerio de Fomento, en el marco del Plan Estatal de Vivienda para subvenciones a Promotores de viviendas protegidas, por entender que, si ha existido alguna irregularidad esta carece de relevancia penal, sin perjuicio de que la situación pueda ser evaluada por el Tribunal de Cuentas.

Follow Us

EL TRIBUNAL SUPERIOR NIEGA LA VALIDEZ DE LOS INFORMES DE LA ITE DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS

El TS Falla que solo arquitectos y aparejadores pueden firmarlos tras un recurso contra el Concello

Los informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) son terreno exclusivo de los arquitectos y aparejadores. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que ratifica que los ingenieros de caminos, canales y puertos carecen de competencia para realizar ese procedimiento. Meses atrás ya había caído en saco roto un recurso de otro colegio profesional, el de los ingenieros industriales, que también reclamaban su capacidad y derecho a firmar ITEs de edificios residenciales.

La nueva sentencia se refiere a un informe presentado por la Autoridad Portuaria para su edificio residencial y administrativo de Concepción Arenal número 6, lindante a su sede central. El examen técnico al inmueble estaba firmado por un ingeniero de caminos, y la Gerencia lo desestimó en 2011 alegando que este colectivo no posee la titulación adecuada para cubrir ITEs. El colegio profesional recurrió y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vigo desestimó sus argumentos. El TSXG se pronuncia en el mismo sentido.

Los ingenieros de caminos alegan que cuentan con la "competencia técnica e idoneidad" para la redacción de los citados informes y subrayan que "no hay reserva de ley a profesión concreta" para realizarlos. El TSXG, por contra, esgrime que el criterio aplicable "resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de la construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al arquitecto, y en su caso al arquitecto técnico". Ni ingenieros de caminos ni industriales, según las sucesivas resoluciones judiciales, contarían con la facultad para redactar ITEs.

Follow Us

EL CERTIFICADO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS

"El gasto de energía de los edificios públicos en los países de la Unión Europea supone el 19% del PIB."

En el RD de Certificación Energética, en su artículo 4 obliga a renovar anualmente, desde el año 2014, el 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y/o refrigeración que sean propiedad y ocupe la Administración del Estado, cuando la superficie útil sea mayor de 500m2. A partir del 9 de julio de 2015, se aplicará también a edificios de más de 250 m2.

Antes de que finalizase el 2013, todos los estados miembro, estaban obligados a hacer un inventario energético de los edificios públicos sujetos a renovación, según la Directiva 2012/27/UE en el artículo 5.

"El proceso de renovación  debe dar prioridad a los edificios con peor rendimiento energético."

En el inventario aparece la superficie total de los edificios  y el consumo de energía que presentan. La intención de este proceso es sensibilizar a la población ya que, los edificios públicos deberían de ser un ejemplo a seguir para el resto de la población. Por este motivo se deben de priorizar actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos como son los colegios, instalaciones deportivas, edificios de experimentación etc. Con ello se conseguiría generar  empleo en materia de eficiencia energética y energías renovables además de reducir las emisiones de CO₂ y el consumo de energía, con el consiguiente ahorro económico que conlleva.

Las administraciones públicas, además, tienen la posibilidad y responsabilidad de abrir el mercado de la eficiencia energética, incorporando las exigencias en sus edificios, en los pliegos de contratación elaborados para los concursos públicos de servicios y obras de gestión o rehabilitación energética.

Por ejemplo, Francia, en el año 2009 a través de su Plan Grenelle inició una estrategia de sensibilización ecológica de su sociedad. Este plan incluía la renovación de todos los edificios públicos hasta reducir el 40 % del consumo de energía y 50% de sus emisiones de gases efecto invernadero.

Follow Us