Según el Real Decreto 235/2013 que
traspone la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, la certificación energética ha de servir al futuro comprador o inquilino
como un elemento más a la hora de adquirirlo, pudiendo comparar las distintas calificaciones
de los inmuebles que visite. Para eso, el propietario debe disponer del certificado
energético cuando oferta el inmueble en el mercado.
De momento, la demanda de solicitudes
de certificaciones es muy baja, ya que únicamente se solicita a la hora de realizar
las operaciones de compraventa o alquiler, no en el momento en el que el inmueble
se saca al mercado.
Además, el demandante de los certificados
energéticos, bien sea un particular, inmobiliaria o administración pública, rara
vez puede distinguir, si no dispone de los conocimientos técnicos necesarios, entre
un certificado energético bien hecho, aquel que cumple con la normativa, de otro
que se la salta sin ningún tipo de miramiento. El control por parte del cliente
es muy difícil en este momento, a no ser, como ya hemos dicho, que disponga de las
nociones técnicas pertinentes.
En este sentido, la semana pasada,
una compañera de la Red de Certificadores Energéticos de Grupo
ByR, desde Canarias, nos hacía saber que se estaban dando casos en esta
Comunidad Autónoma que evidenciaban que se estaban haciendo estas certificaciones
por teléfono, sin medición ni verificación alguna in situ. El supuesto técnico realizaría
unas preguntas al propietario telefónicamente y, de sus respuestas, extraería los
datos para determinar el tipo de calificación energética del inmueble.
De hecho me comentaba que en algunas
ocasiones, en el apartado relativo a “Tipo de energía” se hacía constar Gas Natural
que, paradójicamente, no está disponible en Canarias.
Creemos que todavía estamos a tiempo
de arreglar esta situación pero para ello es necesario un mayor control por parte
de las administraciones públicas. Solo de esta forma se cumplirá con los objetivos
europeos de reducción de consumo energético en 2020, siendo éste y la reducción
de las emisiones de CO2 al medio ambiente, el objetivo final que persigue
la certificación energética.
Este control tiene que realizarse
en una doble dirección. Por un lado a los propietarios para que soliciten y lleven
a cabo la certificación del inmueble en el momento adecuado y, por otro, a los técnicos,
para que lo efectúen con el mayor rigor posible, evitando así cualquier tipo de
“picaresca”.
También sería importante que las administraciones
pusieran en marcha una campaña para sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto
de la importancia de cumplir esta normativa, trasmitiendo que el certificado energético
no es un simple papel, sino que tiene que ser útil para reducir el consumo energético
y las emisiones de CO2 al medio ambiente. Solo así podremos disminuir nuestra dependencia
de los países productores de petróleo y contribuir de forma eficaz al Desarrollo
Sostenible.
