Algunas de ellas ya lo
han hecho; sin embargo, en Aragón la falta de control está perjudicando su
implantación efectiva según la opinión de los colegios de arquitectos técnicos
e ingenieros industriales, profesionales encargados de realizar esta
certificación.
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Fuentes del Gobierno
de Aragón aseguran que desde el verano pasado se está trabajando en la creación
de estos mecanismos, ya ha finalizado la realización del decreto, e incluso
apuntan que podría ser aprobado en Consejo de Gobierno entre finales de marzo y
principios de abril. Sin embargo, la realidad es que han pasado nueve
meses desde que el Ministerio de Industria publicó el decreto que marca la
obligación y en Aragón la eficiencia energética sigue sin regulación efectiva.
Un hecho que se deja
notar en el día a día. Muchos de los inmuebles que están a la venta o alquiler
en Aragón en páginas inmobiliarias dejan vacía la casilla correspondiente a esta
certificación, ya que los propietarios son conscientes de que, por el momento,
no hay ningún organismo que lo controles.
Un registro con doble
función
Una realidad que
constatan los profesionales encargados de realizar estas certificaciones.
“Hasta que este registro no se materialice, muchos propietarios de viviendas
seguirán sin realizar los certificados, porque el Gobierno de Aragón no obliga
todavía a que cada vivienda vendida o alquilada necesite presentar el
certificado de eficiencia energética en el registro de la Diputación General
y éste debería haberse hecho ya en 2007", apunta nuestro Director Técnico,
Rafael Nieto.
Pero más perjudiciales
aún están resultando las malas prácticas que realizan algunas empresas que
ofertan la expedición de certificados. Éstas anuncian precios de hasta 50 euros
y, para obtenerlos, los dueños apenas tiene que rellenar unos datos genéricos
sobre el edificio. Asi mismo el Sr Nieto asevera, “hacer un certificado que
refleje la realidad sobre un inmueble requiere al menos de ocho o nueve horas
de trabajo ya que es fundamental realizar una inspección ocular y un archivo
fotográfico del edificio o recabar información de su construcción en el
ayuntamiento. Éstas son labores imprescindibles para hacer un análisis
certero”. Y es que, además del registro de certificados de eficiencia
energética de vivienda el Gobierno de Aragón, debe articular un equipo de
inspectores que vigilen la legalidad de los certificados realizados.
De hecho, a través del
Energy Building Institute (www.energyinternationalinstitute.jimdo.com) se han puesto
en marcha una serie de cursos para enseñar a los profesionales a manejar los
programas informáticos avalados para obtener la calificación del edificio, y lo
más importante, conseguir esos datos correctamente durante la inspección del
edificio, tanto de la construcción del mismo como de las instalaciones que
posee. Según el Sr Nieto ,“con los precios que se están ofreciendo es
materialmente imposible que se estén haciendo las certificaciones como se deben
hacer”.
Unos fraudes que están
perjudicando mucho a un sector en crisis como es el de los aparejadores. Muchos
jóvenes que han acabado las carreras hace poco tiempo ven en los certificados
de eficiencia energética un balón de oxígeno gracias a la cual pueden trabajar
dentro de su campo profesional.
Estas malas prácticas
por parte de algunas empresas ya han tenido sus consecuencias para algunas
empresas. La Comunidad
de Madrid ha comenzado a poner multas, pero "aquí en Aragón no se puede
controlar cuáles están mal hechas porque al no haber registro, no hay
mecanismos de control, como inspectores que comprueben si están hechos
cumpliendo los requisitos necesarios", apunta Nieto.
Las comunidades que
todavía no han puesto en marcha el registro, como Aragón, parecen estar tomando
ejemplo de Estado. España ha tardado tanto en implantar la directiva
comunitaria sobre eficiencia energética de viviendas que el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea condenó en enero de 2014. La Comisión interpuso la
denuncia porque debería haberse implantado en todos los países de la UE, a más tardar, en 2006.
Sin prisa pero sin
pausa
Según el Sr Nieto, ¨
es vergonzoso que se haya tardado casi un año en poner en marcha el registro,
por mucho que digan los poderes fácticos que es mejor hacer las cosas despacio,
pero una cosa es despacio y otra a velocidad de tortuga¨
Objetivo: primar la
vivienda eficiente
Uno de los objetivos a
corto plazo que tiene este certificado es que los posibles compradores o
arrendadores de una vivienda puedan comprobar el gasto energético que tiene el
inmueble antes de tomar una decisión. De este modo, este sería un aspecto
importante a tener en cuenta ya que, por ejemplo, entre dos viviendas de
similares características pero con certificados energéticos con muy diferente
valoración, la balanza podría decantarse por el que mejor calificación tuviera,
ya que a la larga supondría un ahorro económico continuo para el arrendador o
comprador.
Se cumpliría así con
uno de los objetivos fundamentales que persigue esta medida, dar un plus de
excelencia a aquellas viviendas que gasten menos y, por tanto, facilitar su
venta o arriendo frente a las que gastan más.
En Aragón, el Boletín
Oficial de Aragón ya ha publicado la orden que obliga a realizar este
certificado a las viviendas que se vayan a vender o alquilar, pero al no poner
los mecanismos necesarios para ello, "muchos evitan hacerlo, y eso que se
ahorran, por lo que los compradores y arrendadores aún no pueden saber donde se
meten", asegura Nieto.
El fin último: la
sostenibilidad
No debemos olvidar que
el objetivo principal de este certificado es fomentar el ahorro energético. Por
ahora en España, último país de la
UE en implantar esta normativa europea, este documento apenas
sirve para informar sobre la cantidad de energía que debe generar un edificio
para mantenerlo caliente.
Faltan, por tanto,
medidas de estímulo que premien a aquellos propietarios que realicen obras que
mejoren el aislamiento de la vivienda o que utilicen aparatos de bajo consumo.
Ya lo están haciendo países como Chipre donde es necesario presentar el
certificado energético para solicitar una subvención. En Francia se ha
establecido la supresión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles para los edificios
que tengan un certificado de alto nivel. También se ha puesto manos a la obra
Letonia, que destina 50 millones de euros anuales a mejorar la eficiencia
energética de edificios.
En España no se está
implantando ninguna medida en este sentido. Lo que más se acerca son las ayudas
para la rehabilitación de viviendas que, inevitablemente, llevan aparejada una
mejora de lo materiales constructivos. Sin embargo, estas van destinadas a los
edificios en peores condiciones y, por lo tanto, no sirven para incentivar la
eficiencia de manera genérica como ocurre en otros países europeos.
La crisis es otro
factor importante que está dificultando la reducción del gasto energético de
las viviendas, ya que hasta el momento el certificado simplemente informa y no
obliga a alcanzar un nivel mínimo de eficiencia y por tanto obligue a los
dueños del inmueble a realizar obras de mejora hasta alcanzarlo. De aquí a unos
años, cuando la situación económica mejore, probablemente, la Unión Europea
comenzará a recomendar a los países miembros que pongan en marcha medidas de
este tipo. Entonces, la eficiencia energética el objetivo buscado, que vivamos
de la manera más sostenible que podamos.
